En el siglo XXI América vive la movilización creciente por el cambio climático, el agua, los bosques y la calidad de vida de la gente. Igual sucede en África, Asia y Europa.

 

La idea verde, acogida cada vez por más personas en la sociedad global, convertida en ecología política puede erigir a lo verde como alternativa en la conducción de la sociedad a través del gobierno de los estados. Esta idea a su vez renueva la economía política y los principios en los que se basa. El ejercicio de la libertad de gastar gasolina, emitir gas carbónico a la atmósfera, contaminar cuerpos de agua afecta el ambiente mundial y usa una energía y un agua que ya no estará disponible para otros. La libertad individual entonces tiene límites que impone la justicia climática al manejo de la casa común. Como los humanos no nos escapamos de ser animales que respiran aire, toman agua e ingieren alimentos su privación significa la muerte, su contaminación la enfermedad. En Colombia los alimentos son un derecho constitucional, no así el agua a la que la Alianza Verde busca incorporar como derecho en la Carta Magna a través de un proyecto de ley ya radicado en el Congreso de la República. Un paso más allá sería el reconocimiento a la propia naturaleza como sujeto de derechos, como en la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Por otro lado los beneficios del uso de los recursos están lejos de ser equitativos, lo que también afecta la noción y práctica de la justicia. Por eso la tarea promisoria de los partidos verdes se recoge muy bien como la de instaurar regiones, países y mundo verdes y justos, lo que implica también reconocer nuevas relaciones entre la naturaleza y la sociedad. El foro académico e institucional que realizaron el día mundial del medio ambiente en junio de 2016, la Alianza Verde de Colombia y el Centro de Estudios de Ecología Política pusieron en juego importantes propuestas políticas en esa relación naturaleza y sociedad. Una de las claves positivas es que “la preocupación mundial por el cambio climático, la desaparición de especies, la contaminación de ecosistemas y asentamientos, la preocupación por los animales generan una militancia espontánea”, como lo manifestó Carlos Ramón González, Director del Centro de Estudios de Ecología Política y Presidente de la Federación de Partidos Verdes de las Américas.

 

Una gran base de la militancia espontánea proviene de jóvenes que de pronto ni siquiera se plantean pertenecer a un partido y para los cuales es pertinente proponer “mi primer voto es verde”. Otra segunda veta de militancia espontánea está en personas de cualquier partido sea conservador, liberal, colorado, reformista, revolucionario, socialista, comunista que piensan que no se puede seguir destruyendo aguas, bosques, sistemas agroalimentarios y culturas locales en nombre de la generación de riqueza o ingresos y empleos. Crece el número de las personas incómodas con la formulación del desarrollo como productivismo ya sea en su versión neoconservadora o neoliberal o en su formulación socialista. Estos olvidaron que Marx y Engels propusieron el progreso irreversible de la sociedad guiado por una conciencia humana que había descubierto al fin su propio lugar eminente y necesario nada menos que en el cosmos. Y no podrá adscribirse al cosmos ninguna conciencia que se olvide del propio astro en que habita, de la tierra que pisa, del agua que bebe. La naturaleza no podría alcanzar la conciencia de sí misma a través de una humanidad que hiciera caso omiso de la propia naturaleza. Hay entonces otra base espontánea de militancia en todos aquellos que ya no creen en un productivismo sin base natural. Pero tal vez para los partidos verdes y justos la más importante militancia espontánea se da en las luchas de regiones, ciudades, poblaciones, campesinos, indígenas, comunidades negras en territorios concretos. Espontáneamente la población de Piedras, Tolima, Colombia se moviliza bajo la consigna Agua sí, oro no lema de la consulta popular realizada. Por otro lado en Bucaramanga, Departamento de Santander, todos los estamentos desde los habitantes barriales hasta la Cámara de Comercio se han opuesto a la destrucción minera del páramo de Santurbán del que toman sus aguas. Si los partidos verdes de América y el mundo se nutren de las amplias potencialidades de las militancias espontáneas se pueden constituir en alternativas reales de gobierno y poder. Pero las militancias espontáneas se unirán espontáneamente a los partidos verdes, solo si éstos actúan con coherencia frente a la defensa de recursos naturales, frente a la justicia y la corrupción Los partidos verdes no pueden usarse como comodines politiqueros y deben cancelar las credenciales a sus representantes que traicionan las ideas de lo verde y lo justo. Esa es una condición necesaria si se quiere que los partidos verdes sean opciones reales de gobierno y poder.

 

Un gran reto para los ciudadanos y los partidos verdes de América Latina y el mundo, lo presentan los megaproyectos. Allí lo injusto se manifiesta de múltiples maneras. En primer lugar son fuentes de corrupción pública y privada en sus procesos de licencias, adjudicaciones y ejecución y en el tránsito de sus capitales a paraísos fiscales con lo que encubren sobornos y ocultan ganancias defraudando a los fiscos nacionales; y como si fuera poco la mayoría de los Estados han sido demandados cuantiosamente por esas mismas empresas extranjeras. En segundo lugar los beneficios económicos tienden a concentrarse en compañías multinacionales y socios nacionales en ocasiones con poco o nulo efecto positivo en el bienestar de la población local; la Guajira en Colombia es un departamento en el que casi a diario se mueren niños por desnutrición mientras de su territorio por décadas se han extraído y exportado cientos de millones de toneladas de carbón. En tercer lugar, estos proyectos no sólo no generan desarrollo regional sino que afectan negativamente la calidad de vida de sus habitantes. La Corte Constitucional de Colombia en Sentencia T-154 de marzo del 2013, “…encontró vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la intimidad y al ‘ambiente sano, del accionante y su núcleo familiar que habitan en inmediación de la Mina Pribbenow de la empresa Drummond Ltd. en la Zona Carbonífera del Departamento del Cesar”. En cuarto lugar la mayoría de los megaproyectos afectan gravemente el agua, un bien vital para la población. En quinto lugar muchos de estos megaproyectos han propiciado asociaciones para delinquir dirigidas a la intimidación y el asesinato de los líderes en todo el mundo. En América, de manera dramática en Brasil, Perú y especialmente en Honduras donde entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales, la cifra más elevada de asesinatos de ambientalistas de cualquier país del mundo según su número de habitantes. Van más de 80 asesinatos en los últimos tres años en una sola región, el Bajo Aguán que incluyen el asesinato en 2016 de Berta Cáceres ambientalista de la etnia lenca líder de la oposición a la represa de Agua Zarca.

 

Buena parte de los conflictos regionales tienen que ver con proyectos minero energéticos. En 2014 América Latina concentró el 27% de la inversión minera en el mundo, cerca de la mitad de empresas canadienses. Hay movilizaciones permanentes contra la explotación minera en Suramérica. En Argentina crecen las protestas por contaminación de cianuro y plomo, en Bolivia por la muerte del lago Poopó, en Brasil por el derrame de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en el Estado de Minas Gerais, en Chile por el peligro en que se pone a los glaciares por la minería en Pascua Lama, en Uruguay los vecinos de Pajas Blancas marchan contra la instalación de un proyecto minero, en Ecuador el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama protestan por la Licencia Ambiental para la explotación al megaproyecto de oro Río Blanco, en Paraguay contra la minera Lampa, en el Perú van cinco años de protestas contra el proyecto minero Conga y en Venezuela intelectuales, activistas, movimientos sociales e indígenas exigen al Gobierno detener los planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. En Centroamérica y el Caribe no cesan las protestas sociales. En México contra la minería en Puebla, Oaxaca y Sonora, en Guatemala por la violación de los derechos humanos por parte de las mineras, en Costa Rica porque la minera Infinito Gold se declaró en quiebra y no pagará los daños ambientales, en Nicaragua por la gran contaminación ambiental producida por la minería, en Panamá buscando la suspensión de las licencias mineras, en El Salvador contra la demanda millonaria de la transnacional minera Pacific Rim contra el estado, en República Dominicana porque la minera Barrick contamina el agua y enferma a las personas y en Haití buscando moratoria contra la invasión de multinacionales mineras.

 

En solo el territorio de Colombia se acercan a cien los conflictos regionales, el 70% de los cuales se debe a la llamada “locomotora energética y minera”. En los últimos meses ha habido movilizaciones contra el fracking, por el llenado de la represa Quimbo, la explotación petrolera en La Macarena, el desvío del Arroyo Bruno, la destrucción de los Cerros Orientales y la Reserva del Norte en Bogotá. La debilidad y complacencia institucional con los desmanes ambientales es escandalosa; el Ministerio del Ambiente junto con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ofician como expedidores de licencias express, las instituciones del suelo y el subsuelo entran en un conflicto que se ha resuelto principalmente a favor de la depredación. Ha propuesto la senadora Claudia López de la Alianza Verde, resucitar los Consejos Verdes a con capacidad decisoria y mayoría ciudadana. Son retos de los verdes y las fuerzas democráticas en Colombia y una propuesta para los demás países de la región.

 

En las movilizaciones ambientales en América el papel de las mujeres ha sido destacado y en ocasiones son ellas las que han encabezado y mantenido la defensa de las aguas y la vida. Berta Cáceres, mujer, indígena, luchadora popular y ambientalista hondureña es un emblema de esta tarea. Su asesinato ha desatado movilizaciones en América y el mundo como la realizada en Bogotá el 15 de Junio. Es un reto para los partidos verdes fortalecer la capacidad ciudadana para actuar y luchar por generar una fuerte institucionalidad ambiental y de resolución no violenta de los conflictos. El apoyo decidido a la lucha ciudadana por la justicia ambiental y social es indispensable para los partidos verdes de Colombia, América y el mundo si quieren convertirse en alternativas reales de poder y gobierno y liderar eficazmente la tarea inagotable de instaurar regiones, países y un mundo más verdes y más justos.

 

Bogotá, 20 de junio de 2016

Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Alianza Verde de Colombia