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Le proponemos al país un Programa de Gobierno para la construcción de la paz, la realización de los derechos humanos, la justicia, la inclusión y la democracia.


1. Inclusión Social.

Es una de nuestras prioridades la inclusión social, esencial en un país con una desigualdad oprobiosa, vergonzosa, inaceptable, que se constituye en  el más  grave y profundo problema nacional.

En este terreno nos declaramos abiertamente partidarios de volver realidad el precepto de la Carta de 1991 que establece que el nuestro es un Estado Social de Derecho

Nos comprometemos a impulsar leyes, acciones y políticas permitan el ejercicio pleno de los derechos, así como a garantizar el goce de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas.

La materialización de esté propósito se desarrolla en 12 estrategias.

  1. Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y de las diferencias en la formulación e Implementación de las políticas públicas, con la incorporación de los enfoques diferenciales en la priorización del gasto público se atenderá la necesidad de proveer el aumento progresivo en la cobertura de los derechos sociales. Las finanzas públicas deberán asegurar la sostenibilidad en el tiempo de la garantía de estos derechos.
  2. Hacer reformas estructurales al actual sistema de salud para garantizar este derecho a toda la población colombiana. Lo que se está invirtiendo en salud permite servicios de mejor calidad que los actuales, si se organizan de manera adecuada y consistente, eliminando el ánimo de lucro como principal motor del sistema.
  3. Garantizar una educación pública gratuita y de calidad para todos y todas como el elemento que más dinamiza la transformación del país: la inversión más rentable que puede  hacer  el  Estado  es  ésta,  empezando  por  la  educación  inicial  y  preescolar, orientada al potenciamiento del desarrollo de la primera infancia. Brindar una educación básica y media de calidad, que le apueste a la ampliación de coberturas, que elimine las brechas entre lo público y lo privado, entre lo rural y lo urbano, que sea pertinente y se articule a la educación superior. Generar oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior asegurando los enfoques diferenciales
  4. Garantizar el disfrute de toda la ciudadanía de la memoria, el patrimonio, la actividad física, las prácticas culturales, recreativas y deportivas –asegurando los enfoques diferenciales-.
  5. Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Fomentar el uso y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Contribuir a la articulación institucional entre los actores públicos y privados, para maximizar recursos y capacidades que permitan apoyar al sector empresarial, al tejido académico y de investigación y a las organizaciones sociales.
  6. Mejorar la progresividad en los subsidios y tarifas, de tal manera que se ofrezca a las personas de menores ingresos la garantía de consumos de bienes y servicios distintos a los de la canasta de subsistencia.
  7.  Garantizar  el   trabajo   decente.  Consolidar  los   programas  de   formalización, emprendimiento y generación de empleo. Reformar la política salarial y las formas de contratación en pro de oportunidades de trabajo digno en el país. No más contratación a destajo con el argumento de hacer competitiva nuestra economía. Debe respetarse y fortalecerse la organización de los sindicatos. Es necesario expedir el Estatuto General del Trabajo.
  8. Derechos de los campesinos, texto referencia artículos 64,65, 66 de la Constitución Política y la titulación de tierras.
  9.  Dotar  de  manera  más  equilibrada  los  equipamientos  públicos,  reconocer  el desbalance en su distribución en el territorio nacional, de manera que la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo en equipamientos redunde en mejores condiciones de equidad.
  10. Facilitar  las  condiciones  de  acceso  a  recursos  de  crédito  para  las  personas vinculadas a la economía popular y a microempresarios, con la aplicación de criterios de priorización que les permita vincularse de forma competitiva y eficiente en el circuito económico del país.
  11. Avanzar en el cobro de impuestos progresivos. Colombia es uno de los países del mundo donde menos impuestos pagan los más acaudalados. Establecer impuestos a los dividendos de los grandes accionistas. Establecer mecanismos impositivos que permitan sacar provecho de los beneficios de la propiedad raíz, obtenidos por cambios en  el  uso  del  suelo.  Revisar  las  exenciones tributarias otorgadas tanto  a  personas naturales como a empresas pertenecientes a grandes sectores económicos.
  12. Garantizar el acceso efectivo a la vivienda. Debe aprovecharse el ahorro financiero de la sociedad colombiana con el fin de estimular la construcción de vivienda. Consolidar políticas de vivienda de interés social y prioritario, urbanas y rurales dignas. Buscar la coordinación del nivel nacional con el territorial en cuanto a la definición de funciones, recursos de financiación y mecanismos para la habilitación de suelo urbanizable. Propiciar la concurrencia del sector público y privado en la construcción de VIS y VIP que garantice una mejor calidad de vida de sus habitantes, desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Planes de vivienda de verdad para las 2.3 millones de familias que la necesitan, no sólo un puñado de casas para conseguir un puñado de votos.
  13. Mayor autonomía regional. Pese a los avances de la descentralización, hoy todavía el 89% de los recursos públicos están en manos de la Nación. La inclusión regional es una verdad mentirosa. Buena parte de las protestas recientes están ligadas a ese centralismo exagerado. No vale la pena buscar soluciones en los territorios. El dinero y el poder están en el centro, en la Nación. Es a ella a quien debe presionarse para que resuelva los asuntos de la más diversa índole, pues es ella quien administra casi todo el dinero público. Debe tejerse por tanto un conjunto de mecanismos que aumenten la autonomía de las regiones, conservando un conjunto de relaciones obligatorias entre los tres niveles del ejecutivo.

2. Desarrollo y Medio Ambiente

El segundo eje le da toda la importancia que merece a las variables de desarrollo y medio ambiente,en un mundo que enfrenta un proceso irreversible de calentamiento global que llegó para quedarse.

El modelo de desarrollo productivo del país se soporta en los sectores agropecuario, industrial, de inversiones mineras y de producción de energía, los cuales demandan un uso intensivo de los recursos naturales, ocasionando altísimos costos ambientales. Las actividades e inversiones han sobre utilizado algunos de los recursos naturales sin contemplar  la  sostenibilidad  de  sus  actividades,  transformando  el  uso  del  suelo, poniendo en peligro la soberanía y seguridad alimentaria, la salubridad pública, el patrimonio natural y fomentando las injusticias ambientales sobre la población más vulnerable, que es desplazada hacia las áreas de mayor riesgo agravando las condiciones de exclusión social.

Los conflictos ambientales que más nos están afectando son la creciente deforestación, la destrucción y la contaminación de las fuentes hídricas y especialmente el cambio climático, fenómeno global que nos impone como tarea, adaptar el modelo de desarrollo económico y de ocupación del territorio. La minería a cielo abierto, propio de la locomotora minera del actual gobierno, es un riesgo ambiental y social de inmensas proporciones.

Con  claridad  expresamos  que  minería  puede  haber,  pero  no  así.  No  minería  que destruya zonas ambientales estratégicas como los Páramos y los acuíferos Tampoco minería que desplace a miles de campesinos que labran la tierra y producen alimentos.

El Estado está en la obligación de apoyar el acceso de tecnologías limpias y el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades afros   e indígenas y pequeños mineros tradicionales.

El modelo productivo sostenible y sustentable para el país debe organizarse de modo que conserve la realidad que destaca a Colombia como el territorio más rico del mundo en biodiversidad por metro cuadrado, que posee el 18% de las aves del mundo, 10% de

los insectos, el cuarto lugar en el mundo en disponibilidad de agua por unidad de superficie y es uno de los primeros en biodiversidad marina de arrecifes coralinos, praderas y manglares submarinos.

Lo ambiental debe dejar de ser un relleno en los programas de gobierno y convertirse en la prioridad a la que estamos obligados con las presentes y futuras generaciones.


2. Soberanía Nacional

El tercer eje hace referencia a la soberanía nacional en el actual modelo de desarrollo y de internacionalización de nuestra economía.  Se debe privilegiar la agregación de valor y la generación de empleo de los empresarios y trabajadores nacionales. Mercado si pero claramente regulado por el Estado.

Vemos con enorme preocupación los resultados que empiezan a producir los tratados de libre comercio que como religión han firmado los gobiernos recientes. Con una revaluación del peso como la que tenemos y no logramos superar, es cada día más rentable importar en vez de producir en el país y dada la vigencia de tratados de libre comercio, se vuelve imposible tomar las medidas de restricción de importaciones que la situación aconsejaría en defensa del interés nacional.

Creemos indispensable revisar y renegociar los tratados de libre comercio firmados en los últimos años.

Así mismo,   se hace indispensable una política de desarrollo rural, industrial y productivo que produzca la mejora de la productividad de nuestros empresarios, especialmente los pequeños y los medianos. Esa mejora de la productividad no podemos dejarla solamente sometida al ácido de la competencia.


3. La Paz

El cuarto eje es el logro de la paz, empezando por ponerle fin al conflicto armado que atraviesa  nuestro país desde hace 64 años. El  conflicto colombiano en esencia tiene dos características: es histórico y es rural. Histórico porque podemos afirmar que a diferencia del resto de países latinoamericanos, la última guerra del siglo XIX en Colombia tuvo lugar a la mitad del siglo XX. Vivimos aún hoy un conflicto interno que tiene sus orígenes en la violencia entre liberales y conservadores que comenzó en 1948. Es necesario que ese conflicto llegue a su fin.

Después de la entrada en vigencia de La Constitución de 1991, desaparecieron los argumentos que podrían esgrimirse para justificar la lucha armada, pues se puso en vigencia una institucionalidad que da espacios para la búsqueda de alternativas de acceso al poder político usando las vías pacíficas. No ha desaparecido la necesidad de cambios políticos, económicos y sociales, pero existen hoy los espacios para buscar esas transformaciones sin recurrir al uso de las armas. Así lo demuestra la experiencia en América Latina, donde hoy se llega al gobierno ganando las elecciones. Ya no hay espacio ni posibilidades para la victoria de un alzamiento armado.

La paz debe llegar preferiblemente como resultado de una negociación política. Quienes imponen condiciones que hacen imposible la negociación, están ocultando que una

prolongación del conflicto causará dos millones de víctimas nuevas y costará 3 puntos más del Producto Interno Bruto en los próximos diez años. Una negociación exitosa abreviaría el conflicto y ahorraría vidas, sufrimiento y un montón de dinero. Por eso apoyamos  los diálogos con las FARC en la Habana, hacemos votos porque lleguen a buen puerto. Apoyamos también las conversaciones con el ELN. Si se logran acuerdos de paz con ambos grupos guerrilleros, habrá terminado la etapa del conflicto armado de origen político en el país y comenzará una nueva etapa histórica.

El nuestro, además de histórico, también es un conflicto rural. La base social básica de los alzados en armas reside en el campo, donde están las mayores desigualdades de nuestra sociedad. Por eso la importancia enorme del desarrollo rural integral, especialmente en las regiones aisladas y marginadas del país, donde habitan los campesinos más pobres y faltos de oportunidades.

Apoyar el acceso de los campesinos a las tierras, la modernización de las actividades agropecuarias, el aumento de la producción agroalimentaria, así como el desarrollo de acciones que impacten en la disminución de los costos de producción, transformación y comercialización de los productos. Facilitar el acceso a asistencia técnica integral, a infraestructura vial,  a  los  mercados,  a  apoyos  económicos,  a  créditos  y  a  nuevas tecnologías. En el sector rural es donde la desigualdad es más profunda y es un tema de agenda que el país debe abordar con prioridad. Ella debe asimismo lograr el reemplazo de los cultivos de uso ilícitos por alternativas legales. Esa política de desarrollo rural ayudará a conseguir la paz y a consolidarla una vez lograda.

Nos preocupa la débil preparación del post conflicto especialmente en sus componentes de desarrollo territorial en los departamentos donde se sitúan los 200 municipios de mayor intensidad del conflicto. Sin un mecanismo que conduzca a que no haya ni un guerrillero desarmado sin una vinculación concreta a la reintegración, ni una hectárea de donde se desarmen los guerrilleros sin una presencia integral del Estado, lo logrado puede ser transitorio y como dice el bolero, permitir “que otro ocupe tu lugar”, como lo ha mostrado la experiencia de los últimos 23 años de desmovilizaciones.

Victimas y sus derechos a la Justicia, la verdad, la reparación, la no repetición. Justicia Transicional, derechos humanos, políticas de reinserción que funcionen. Mecanismos de Refrendación y cumplimiento de los acuerdos.


4. Primacía del interés general y defensa de lo público

El quinto eje habla de la necesidad de volver realidad la prevalencia del interés general sobre el particular en un país que desde siempre, ha sido dirigido por poderosos grupos minoritarios que con diversos esquemas a lo largo de la historia, desde la dominancia de los terratenientes en los primeros años de la independencia hasta el llamado modelo neoliberal en las últimas décadas, ha mantenido el Estado al servicio de intereses particulares.

Esta alianza tiene como fundamento la defensa y el fortalecimiento de lo público como base del Estado Social de Derecho y en el marco de la Constitución Política de 1991.

No compartimos el creciente proceso de entrega al sector privado de las empresas y responsabilidades del Estado, ni tampoco ponerla en manos clientelistamente de los grupos políticos, que es otra forma de privatización. Reivindicamos el papel del Estado en la garantía de la prestación de los servicios públicos.

Es necesario robustecer la participación ciudadana en las decisiones de los asuntos públicos, implementar la planeación y la presupuestación participativa. Consideramos que la democracia participativa es una condición indispensable para dar transparencia al ejercicio de las funciones públicas.

Se requiere una reingeniería profunda de la política y del sistema electoral. Es esencial la expedición de un estatuto de la oposición como lo manda la Carta del 91. Asimismo, debe conformarse un Consejo Nacional Electoral donde las minorías tengan espacio y reglamentar claramente el acceso de todos a los medios de comunicación.

Por otro lado, estamos convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden ético y la justicia, así como contra el desarrollo integral de nuestro pueblo.

La  relación  directa  y  personal  entre  los  electores  y  los  elegidos  en  los  cuerpos colegiados, es la base de un clientelismo desaforado que está en la base de la mala calidad de la política colombiana. Ello debe modificarse a fondo. Es una alta prioridad del momento en que vivimos.

Transparencia total es uno de nuestros lemas principales.  Para ello el impulso y fortalecimiento a mecanismos ciudadanos y estatales que garanticen la transparencia total en la administración de los dineros públicos, por parte de los funcionarios estatales. Fundamental el desarrollo de una cultura por la transparencia, la ética, y la defensa de lo público.

Sociedad Civil, Propendemos por una sociedad civil autónoma, organizada, densa y articulada.